El tribunal exige que, antes de avanzar hacia la vista, se complete la tramitación relativa a las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento. Esto implica que el juzgado instructor deberá verificar si los acusados han garantizado las cantidades reclamadas y, en caso contrario, podrá adoptar medidas como la exigencia de fianzas o el embargo de bienes.
Hasta el momento, solo la empresa ITV Móstoles S.L. habría presentado bienes para cubrir la responsabilidad civil reclamada, mientras que el resto de los investigados no ha constituido aval ni fianza alguna.
“"Los magistrados quieren que antes se aclare quién debe responder económicamente y si los acusados han garantizado los 817.453,94 euros reclamados por el Ayuntamiento."
En el auto de apertura de juicio oral, el Juzgado de Instrucción requirió a los acusados para que prestaran, de forma conjunta y solidaria, una fianza de 817.453,94 euros. Esta cantidad es la reclamada por el Ayuntamiento de Móstoles en su escrito de acusación para garantizar un eventual resarcimiento económico.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada del enjuiciamiento, ya había recibido los autos remitidos desde el juzgado instructor. Sin embargo, los magistrados han considerado necesario que esta pieza separada quede completamente resuelta antes de continuar con los trámites previos al juicio oral.
La causa del 'caso ITV Móstoles' llega después de más de cuatro años de instrucción judicial. El procedimiento fue remitido en marzo a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Móstoles.
La investigación se centra en determinar si hubo perjuicio para las arcas municipales cuando el Gobierno municipal decidió condonar una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L., encargada de realizar las inspecciones técnicas de vehículos. El 31 de julio de 2024 se dictó auto de apertura de juicio oral por los delitos de malversación y prevaricación.
La acusación popular, ejercida por antiguos ediles de un partido político, solicita seis años de prisión y quince años de inhabilitación absoluta para los acusados. Para la mercantil acusada, ITV Móstoles S.L., la acusación popular pide que sea juzgada por malversación de caudales públicos y solicita una pena de tres años y seis meses de prisión, con una cuota diaria de 5.000 euros.
