Esta iniciativa del Ejecutivo autonómico busca facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, sin necesidad de ocupar nuevo suelo. La normativa permitirá incrementar hasta un 30% la densidad y un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida. Además, se podrán añadir hasta dos plantas adicionales a los edificios ya proyectados, sin requerir modificaciones en el planeamiento urbanístico.
La aplicación de estas medidas dependerá de la decisión de cada ayuntamiento, que tendrá un plazo de dos años para solicitar licencias bajo estas condiciones y tres años para ejecutar las obras. Esta flexibilidad podría traducirse en nuevas oportunidades residenciales en ciudades como Alcorcón, Móstoles o Leganés.
“"El objetivo principal es claro por parte de la Comunidad de Madrid, ya que se quiere facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes."
Otra novedad importante es la introducción del silencio administrativo positivo, que permitirá que los proyectos avancen automáticamente si no se emiten los informes necesarios en un plazo de tres meses, salvo en casos que afecten al dominio público. Esta medida busca reducir la burocracia y acelerar la construcción de viviendas.
La ley también flexibiliza las exigencias de aparcamiento, limitándolo a una plaza por vivienda, y amplía las opciones de cambio de uso de edificios, facilitando la conversión de oficinas en viviendas y permitiendo construir vivienda protegida en suelos dotacionales de titularidad privada. Estas acciones complementan el Plan Vive, que ya ha entregado más de 5.300 viviendas en alquiler asequible y prevé sumar otras 3.000 en 2026, con el objetivo de alcanzar las 14.000 viviendas bajo este modelo durante la legislatura.
