La administración regional ha comunicado su postura sobre la distribución de la tesorería, defendiendo que la mayor parte de los recursos debe destinarse a las arcas autonómicas para compensar inversiones previas. Por el contrario, el Gobierno local reclama una cantidad cercana a los 30 millones de euros, argumentando que esta cifra es la que corresponde al municipio según sus cálculos.
Ante esta situación, el Ejecutivo municipal ha anunciado que emprenderá acciones legales, tanto en el ámbito civil como en el penal, para impugnar la liquidación aprobada. El consistorio sostiene que las cuentas validadas por el Consejo de Administración no respetan los estatutos ni la filosofía fundacional del ente urbanístico.
El Gobierno local ha vinculado la actual ralentización en la ejecución de obra pública en la localidad con la falta de estos recursos económicos. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha reiterado que los fondos que se reserva se emplearán en proyectos y actuaciones específicas dentro del término municipal de Parla.
