La controversia surge a raíz de un informe jurídico emitido por la Comunidad de Madrid, que el Partido Popular de Alcorcón utiliza para argumentar la nulidad del contrato de seguridad privada adjudicado para las festividades de 2025. La formación política ha solicitado al consistorio que aclare la situación, mientras que el Gobierno local defiende que el mismo documento respalda su gestión.
“"No permitiremos esta forma de actuar a través de un contrato adjudicado a dedo, declarado ilegal por la propia Comunidad de Madrid y que ahora pretenden pagar sin que nadie explique quién tomó esa decisión."
El Partido Popular ha instado al Ejecutivo local a identificar a los responsables políticos o técnicos que autorizaron la contratación del servicio, alegando que no se trató de un error administrativo, sino de una gestión imprudente de los fondos públicos. Subrayan que la preocupación no es la necesidad de seguridad, sino la forma en que se llevó a cabo el proceso, exigiendo transparencia y el uso adecuado de los recursos.
Según la interpretación del Partido Popular, el informe detalla que, tras declararse desierto el procedimiento inicial, el Ayuntamiento recurrió verbalmente a la misma empresa previamente rechazada. Destacan que la contratación verbal está prohibida y que los hechos constituyen una nulidad radical, concluyendo que no existía una situación de emergencia y que la falta de planificación es atribuible al propio Ayuntamiento.
Por su parte, el Gobierno local insiste en que el proceso se ajustó a la Ley de Contratos del Sector Público. Explican que, al detectar que la empresa no cumplía con sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social, se tomaron medidas para anular el procedimiento por falta de diligencia de la compañía. Afirman que el informe jurídico de la Comunidad de Madrid les da la razón, ya que fue el propio Ayuntamiento quien inició el expediente al detectar la irregularidad.
El Consistorio ha detallado que se realizaron dos licitaciones con todas las garantías legales, incluyendo una declaración responsable de la empresa que aseguraba cumplir los requisitos. Al comprobar la falsedad de esta declaración, se inició el procedimiento de nulidad en la Junta de Gobierno Local, con el fin de abonar los salarios a los trabajadores que prestaron el servicio y aplicar una sanción a la empresa. La cantidad a pagar se limitará al servicio efectivamente prestado.
