Alcorcón suspende la tasa de basuras de 2026 a la espera de la justicia

El Ayuntamiento de Alcorcón paraliza el cobro de la tasa de basuras ante la incertidumbre judicial y refuerza las ayudas sociales.

Fachada de un ayuntamiento español con detalles ornamentados y balcón, bajo un cielo azul claro.
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Fachada de un ayuntamiento español con detalles ornamentados y balcón, bajo un cielo azul claro.

El Ayuntamiento de Alcorcón ha decidido suspender la aplicación de la tasa de basuras programada para 2026, a la espera de la resolución judicial sobre el recurso presentado contra la ordenanza fiscal.

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha confirmado la suspensión de la tasa de basuras prevista para 2026. Esta medida se toma mientras se espera la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto al recurso interpuesto contra la ordenanza fiscal que regula dicho impuesto.
La regidora explicó que el Consistorio ya ha detenido el calendario de cobro para el próximo año, ante la posibilidad de que la justicia anule la normativa. En tal caso, el Ayuntamiento tendría que devolver lo recaudado tanto en 2025 como en 2026. "Estamos esperando a todas aquellas resoluciones judiciales que tenemos pendientes, porque insisto, es una medida de prudencia financiera", afirmó Testa.
La suspensión de la tasa forma parte del denominado "escudo social" impulsado por el Gobierno municipal para mitigar el impacto económico de la actual situación internacional. La alcaldesa ya había adelantado esta posibilidad, condicionada a informes técnicos, jurídicos y económicos, además del visto bueno de la intervención municipal.
Dentro de este paquete de medidas, se contempla un aumento de las ayudas sociales, elevando la cuantía del Cheque Hogar de 750 a 800 euros y reforzando las prestaciones de Emergencia Social. Asimismo, se prevén cambios para facilitar el pago de impuestos municipales, como la ampliación de plazos del IBI y más opciones de fraccionamiento.
Por su parte, el Partido Popular había solicitado recientemente la retirada de la tasa y la devolución de los importes ya abonados, argumentando "graves deficiencias técnicas y jurídicas" en la ordenanza, y asegurando que más de 9.000 vecinos han pedido recuperar el recibo de este año.