La ordenanza, que busca mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación, fue aprobada gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Candelaria Testa, tras un enfrentamiento entre el gobierno local y los grupos de la oposición. La concejala de Transición Ecológica, Trinidad Castillo, defendió la propuesta, argumentando que se basa en informes técnicos y que las limitaciones afectarán solo al 2,5% del parque automovilístico, concretamente a vehículos sin distintivo ambiental cuyos propietarios no residan en Alcorcón.
Desde Vox, el portavoz Pedro Moreno calificó la iniciativa de "ingeniería social" y criticó que perjudicará a trabajadores y familias con vehículos antiguos, exigiendo la retirada total de la ordenanza. El Partido Popular, a través del concejal Luis Saceda, también expresó su rechazo, considerando la normativa "excesivamente restrictiva" y potencialmente dañina para el comercio y la movilidad vecinal. No obstante, reconocieron la obligación estatal para ciudades de más de 50.000 habitantes.
El PP solicitó mayor mesura y proporcionalidad, pidiendo ampliar excepciones para residentes y autónomos, y aplazar la aplicación hasta 2030, además de acusar al ejecutivo de planear futuras medidas de estacionamiento regulado. Castillo respondió que la propuesta es la "alternativa que menos daño puede hacer" y destacó las múltiples excepciones contempladas para facilitar el acceso a quienes se desplacen a Alcorcón por motivos laborales, sanitarios o personales.
“"El Partido Popular habla, confunde y miente"
La alcaldesa Candelaria Testa cerró el debate acusando al PP de generar alarma con interpretaciones "falsas" y negó que la normativa incluya estacionamiento regulado. Anunció, además, que el Ayuntamiento mantendrá las ayudas existentes para fomentar la transición energética, incluyendo la compra de vehículos eléctricos.
