Esta medida surge como respuesta a los más de 1.000 vertidos ilegales detectados por agentes forestales en grandes ciudades periféricas de la Comunidad de Madrid. El objetivo es reducir de forma significativa estas prácticas perjudiciales.
Las cámaras, ubicadas en los cuatro puntos más problemáticos, incluyen dispositivos capaces de leer matrículas de vehículos tanto de día como de noche. Su función principal es disuasoria, en línea con la política del Gobierno municipal para abordar este problema recurrente durante la actual legislatura.
“"Alcorcón no puede ser el vertedero particular de nadie."
Los infractores se enfrentarán a multas que oscilan desde varios miles de euros hasta los 300.000 euros, dependiendo de la cantidad y el tipo de residuos vertidos. Estos actos no solo deterioran el medio ambiente, sino que también afectan directamente la salud de los ciudadanos.
La instalación de estas cámaras forma parte de una estrategia integral que busca prevenir, implicar y educar a los vecinos para evitar este tipo de incidentes. Se espera que la nueva vigilancia contribuya a una notable reducción de los vertidos ilegales.
