El colectivo, compuesto por catorce personas, registró su dimisión el pasado 12 de junio. Entre los motivos expuestos, destacan la ausencia de comunicación con el equipo de gobierno municipal durante el último mes y medio, así como el cuestionamiento de los gastos operativos básicos del cuerpo.
Las instalaciones utilizadas por los voluntarios presentan, según el escrito, problemas estructurales graves. Entre ellos se incluyen la falta de agua caliente, filtraciones, presencia de moho y el deterioro de los techos. Estas condiciones han forzado la suspensión de convenios de prácticas con centros educativos como el IES Juan de Herrera.
Además de las deficiencias en la base, los voluntarios señalan el bloqueo de una partida de 2.500 euros destinada a la adquisición de vestuario ignífugo. Esta situación ha obligado a los efectivos a realizar intervenciones en incendios sin la protección adecuada en sus extremidades inferiores.
Desde la oposición municipal se ha respaldado la versión de los voluntarios, calificando la situación de maltrato hacia el colectivo. Asimismo, han alertado sobre el riesgo que supone la pérdida de este recurso en un entorno forestal donde los tiempos de respuesta de servicios externos pueden alcanzar los 40 minutos.
