La investigación se centra en una serie de documentos hasta ahora desconocidos, conservados en la Causa General, un proceso judicial que buscaba determinar responsabilidades por los asesinatos de personas afines al bando nacional. Estos registros, parte de los “Estados” elaborados tras el conflicto, incluyen testimonios, denuncias y descripciones de actos considerados delictivos en el contexto bélico.
Este trabajo complementa estudios previos realizados bajo la Ley de Memoria Histórica, que han abordado los asesinatos y encarcelamientos de republicanos, como el caso del alcalde socialista de Majadahonda, Candelas Gregorio Millán. También se ha divulgado la lista de miembros del Comité Revolucionario, gracias a las memorias de Crescencio Bustillo, que documentan a los 13 represaliados del franquismo en la localidad.
El objetivo principal de este nuevo análisis es doble: por un lado, ofrecer una transcripción exacta de los textos manuscritos originales, respetando su contenido y forma, e incorporando aclaraciones cuando sea necesario. Por otro, proporcionar un comentario que contextualice estos documentos, considerando tanto la información que aportan como las limitaciones inherentes a su naturaleza. La serie, inédita hasta ahora, se estructura en tres capítulos, correspondientes a distintas páginas del expediente (98, 99, 100, 101, 102 y 103).
El primer capítulo, publicado el 14 de abril, aniversario de la II República española, aborda la página 98. En ella se detalla el asesinato de Constantino Palacios López, guardia de Seguridad, y José Cubero Mateos, guardia de policía urbana, ambos el 28 de septiembre de 1936 en Majadahonda. La página 99 registra casos como el de Santiago Millán Labrandero, de 19 años y afiliado a Falange, asesinado el 19 de julio de 1936, y Tomás Calleja Palacios, mecánico, asesinado el 9 de diciembre de 1936. También se menciona a Benito Calleja Luque, hortelano, y Ricardo Millán Calvo, labrador, con filiación a las derechas.
La identificación de los responsables en estos documentos es variada, con nombres parcialmente ilegibles o menciones genéricas. Entre los señalados figuran Antonio Sánchez Álvarez, Pilar Feliú Gómez y Frutos Pulgar Martínez. También se incrimina a Prudencio Hernández Labrandero, Candelas Gregorio Millán, Aniceto Rodríguez Menéndez e Hipólito Millán Labrandero. La página 100 detalla el caso de Hipólito Millán Labrandero, industrial y afiliado a Falange, asesinado o desaparecido el 7 de junio de 1937, con su cadáver hallado en el Cementerio del Este de Madrid.
El documento de la página 99, estructurado como una tabla, consigna a personas fallecidas o desaparecidas del bando nacional, con datos personales, filiación, fecha y circunstancias. El nivel de detalle varía, a menudo basándose en “informes de los padres” o familiares, lo que sugiere denuncias directas. La inclusión de la filiación política y ciertas expresiones valorativas contextualiza el registro, aunque requiere una interpretación cautelosa. Los nombres deben cotejarse con la lista de Crescencio Bustillo para una mayor precisión y para contrastar las diferentes versiones de los hechos.
En su conjunto, estos documentos combinan datos concretos con información incompleta, reflejando una recopilación de fuentes diversas. Su valor reside tanto en la información que proporcionan como en el método de su registro. La lectura de estos expedientes invita a una profunda reflexión sobre las consecuencias humanas de los conflictos y la importancia de preservar la convivencia para evitar la repetición de tragedias similares.
