La decisión, tomada durante el último Pleno ordinario, responde a una iniciativa presentada por el partido Vox. Según José González, portavoz de la formación, estas prendas son consideradas “cárceles de tela que representan la sumisión y la deshumanización de la mujer y constituyen un atentado contra su dignidad”.
González explicó que la regulación se fundamenta en una necesidad “funcional, objetiva y directamente vinculada a la seguridad y a la verificación de la identidad”. La normativa se aplicará a cualquier vestimenta que impida la identificación facial, incluyendo específicamente el nicab, el burka u otras prendas similares con un efecto equivalente.
“"Las dependencias municipales son espacios donde se atiende a los vecinos, se gestionan trámites esenciales y se protegen datos personales. La ocultación integral del rostro dificulta la verificación de la identidad, abre la puerta a suplantaciones y compromete la seguridad de usuarios y empleados. El Ayuntamiento tiene la responsabilidad —y la competencia— de establecer normas objetivas que garanticen el correcto funcionamiento de los servicios municipales."
El portavoz también enfatizó la importancia de no ignorar la situación cuando ciertas prendas impiden la identificación visual básica. La medida busca asegurar que todos los ciudadanos accedan a los servicios públicos bajo las mismas reglas, con la misma seguridad y respeto hacia el personal municipal.
