La Comunidad de Madrid impulsa 3.352 viviendas del Plan Vive para jóvenes en ocho municipios

El Gobierno regional formaliza contratos para construir pisos de alquiler asequible destinados a menores de 35 años, facilitando su emancipación.

Imagen genérica de una llave sobre un plano de construcción, simbolizando nuevas viviendas.
IA

Imagen genérica de una llave sobre un plano de construcción, simbolizando nuevas viviendas.

La Comunidad de Madrid ha formalizado los contratos para la construcción de 3.352 viviendas de alquiler destinadas a jóvenes menores de 35 años en ocho municipios, con el objetivo de facilitar su emancipación y arraigo en sus barrios.

Esta iniciativa, enmarcada en la nueva fase del Plan Vive Solución Joven, prevé el inicio de las obras durante el año 2026. La medida busca aliviar la presión del mercado inmobiliario y permitir que los jóvenes madrileños puedan independizarse sin verse obligados a abandonar su entorno familiar y social.
El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, destacó la relevancia de este avance tras la firma de las adjudicaciones con las empresas constructoras. Estas promociones se suman a las más de 5.200 viviendas ya entregadas en diversas localidades de la región, consolidando el compromiso del Ejecutivo autonómico con el acceso a la vivienda.

"Estas son las primeras casas de esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo autonómico para facilitar la emancipación de los jóvenes madrileños y que está destinada exclusivamente a menores de 35 años."

Jorge Rodrigo · Consejero de Vivienda
Las nuevas viviendas se distribuirán en ocho localidades clave, priorizando las zonas con mayor demanda. Se construirán 843 pisos en Madrid capital (en los desarrollos de Valdebebas y Ahijones), 756 en Alcobendas, 365 en Arroyomolinos, 332 en Colmenar Viejo, 308 en Móstoles, 303 en Tres Cantos, 295 en Loeches y 150 en Valdemoro.
Para acceder a estas viviendas, los solicitantes deben ser menores de 35 años, destinar el piso a su residencia habitual y no poseer otra propiedad. Además, la renta anual no podrá superar el 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia, garantizando así la asequibilidad. Se dará prioridad a los empadronados o trabajadores en el municipio de la vivienda durante al menos tres años, fomentando el arraigo local.