La administración local ha confirmado que el expediente ha superado los controles necesarios, contando con cerca de medio centenar de informes emitidos por funcionarios de diversas administraciones. Según el Gobierno municipal, la concesión es un acto reglado que responde al cumplimiento de la legislación vigente, evitando así incurrir en una resolución arbitraria.
La nueva infraestructura, enmarcada en los principios de economía circular, tendrá una capacidad para gestionar hasta 75.000 toneladas anuales de residuos orgánicos. El proyecto excluye expresamente el tratamiento de purines o restos de origen animal.
Para garantizar la seguridad ambiental, la planta operará mediante circuitos cerrados y recintos estancos destinados a minimizar la emisión de olores. Asimismo, se ha sustituido la antigua balsa de lixiviados por un sistema cubierto que previene filtraciones al suelo y a los acuíferos de la zona.
El Ayuntamiento ha habilitado un espacio de información pública para que la ciudadanía pueda consultar la documentación técnica detallada del proyecto.
