El Consejo de Gobierno ha aprobado cambios en la orden de servicios mínimos para proteger el interés superior del menor y evitar que los paros prolongados comprometan la adquisición de conocimientos y competencias para la evaluación, promoción y titulación de los alumnos, respetando el derecho a huelga.
La nueva orden, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), mantiene las dotaciones actuales en colegios (un maestro por cada 50 escolares) y en centros de Secundaria y FP de grado básico (un profesor por cada 90 estudiantes).
Como novedad, se establece un servicio mínimo reforzado en Bachillerato, FP de grado medio o superior y cursos de especialización, con un profesor por cada 70 alumnos. En 2º de Bachillerato, todos los profesores de materias evaluables en la PAU, como Lengua o Inglés, deberán cubrir al menos el 50% de las horas lectivas semanales, porcentaje que aumentará al 90% a medida que se acerque la prueba.
Además, en el último curso de cada etapa (6º de Primaria, 4º de ESO y segundo curso de FP), se asignará un docente adicional por cada tres grupos. Las funciones del personal designado como servicio mínimo garantizarán una atención educativa básica y efectiva, incluyendo actividades de repaso o cálculo, sin sustituir plenamente al docente en huelga.
La orden protege las actuaciones académicas no aplazables, asegurando servicios mínimos para sesiones de evaluación, calificaciones, decisiones de promoción o titulación, actas, reclamaciones y gestión de documentación para la PAU, así como pruebas de acceso a ciclos de FP.
Por otro lado, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades prepara dos instrucciones para los centros con medidas de apoyo a los estudiantes afectados por los paros. Estas incluirán planes individuales de refuerzo, acceso a instalaciones escolares como bibliotecas o aulas de informática, y mayor dedicación a tutorías y orientación académica.
Una segunda instrucción reforzará el deber de neutralidad institucional y docente, recordando la prohibición de transmitir opiniones políticas o ideológicas a los alumnos y de colocar pancartas o símbolos en los espacios escolares, excepto en los tablones sindicales.
