El Gobierno autonómico considera que este reparto es discriminatorio y perjudica los intereses de los madrileños. El Ejecutivo regional denuncia que el Real Decreto condiciona el acceso a los fondos públicos a la adopción de una medida que corresponde decidir libremente a cada comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias, penalizando así a aquellas que aplican políticas de vivienda diferentes.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, señaló tras la reunión del Consejo de Gobierno que la región defenderá ante los tribunales que los madrileños reciban un trato equitativo y que los recursos públicos se distribuyan sin discriminación por las políticas de vivienda que legítimamente elija cada comunidad autónoma.
