La iniciativa, que se discutirá en la reunión semanal del Consejo de Gobierno este miércoles, busca mitigar la actual crisis de acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias. La medida principal consiste en acortar los plazos de construcción para adecuar el ritmo de edificación a la demanda del mercado.
Además, el texto legal contempla incentivos para incrementar la capacidad de construcción sin necesidad de consumir nuevo suelo. Esto se logrará ampliando hasta un 30 por ciento la densidad y un 20 por ciento la edificación, lo que permitirá aumentar el número de pisos en una misma promoción.
“"Por supuesto que hay que facilitar la construcción de vivienda protegida, pero estas medidas no sirven de nada si no hay políticas complementarias para limitar los precios de los alquileres y desincentivar el acaparamiento de viviendas. Tampoco sirve de nada construir vivienda protegida si a los 15 años se convierte en vivienda libre para vender a precio de mercado. Y, desde luego, tampoco sirve si luego la vivienda no es asequible, como ocurre con el [Plan Vive] (...) para que unas pocas promotoras se sigan forrando."
Sin embargo, la propuesta ha generado críticas por parte de la oposición, particularmente de Más Madrid. Desde esta formación, se argumenta que las medidas anunciadas son insuficientes si no se complementan con la aplicación de la Ley de Vivienda estatal y otras políticas para controlar los precios del alquiler.
La oposición también señala que el plan presenta "más agujeros que un colador" y no aborda el problema fundamental del descontrol de los precios de la vivienda. Proponen medidas como topar los precios del alquiler y aplicar impuestos a quienes adquieran viviendas para negocio y no para residencia, como el ITP y el IBI.
