La propuesta de modificación, que podría ser un nuevo reglamento o una revisión sustancial del actual aprobado en 2021, busca adaptarse a las "nuevas realidades" del mercado residencial. Aunque los detalles aún no se han concretado, el alcalde ha enfatizado que los cambios serán de gran envergadura.
Uno de los puntos clave en estudio es el incremento del tiempo de empadronamiento exigido para acceder a una vivienda protegida. Esta medida se alinea con el modelo del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que ya prioriza a quienes acreditan al menos cinco años de empadronamiento en un municipio, frente a los tres años anteriores, y ofrece preferencias adicionales a residentes con mayor antigüedad en la región.
“"Queremos que cualquier persona que viva en Madrid pueda tener acceso a una vivienda, pero también entendemos que aquellas personas que lleven más años empadronados merecen un reconocimiento por parte de la administración."
Martínez-Almeida ha defendido que esta iniciativa busca "priorizar a quienes tienen una vinculación más prolongada con la ciudad" sin excluir a otros solicitantes. Además, la reforma pretende "focalizar" los esfuerzos en aquellos que, a pesar de tener capacidad económica, no pueden acceder a la vivienda en el mercado actual.
El Ayuntamiento también busca reorientar su política de vivienda hacia las rentas medias, reconociendo que el problema no es solo de vivienda social, sino también de vivienda asequible. El alcalde ha diferenciado esta estrategia de la política estatal, argumentando que el modelo municipal atenderá tanto a los colectivos más vulnerables como a aquellos que quedan fuera de los programas tradicionales de vivienda protegida.
