Este nuevo órgano, denominado Comité de Seguridad en la Investigación y la Innovación Tecnológica, será el primero de su tipo en el país y se alineará con las directrices de la Unión Europea. Su función principal será evaluar los riesgos asociados a proyectos internacionales que involucren tecnologías sensibles, con el objetivo de prevenir la transferencia no deseada de conocimientos desarrollados en instituciones madrileñas. Además, asistirá a los centros de investigación de la región en la adopción de medidas preventivas frente a posibles injerencias extranjeras o conflictos de intereses.
La ley, que sustituirá a la regulación de 1998, busca modernizar el marco normativo para adaptarlo a los avances de las últimas décadas y a la legislación estatal vigente. Establecerá la coordinación entre instituciones y profesionales del sector, la planificación de objetivos y los recursos disponibles para su desarrollo.
Entre los aspectos más destacados de la nueva normativa se encuentra la ordenación integral del Sistema Madrileño de Investigación e Innovación Tecnológica (SM2I), la identificación y regulación de sus agentes y profesionales, y el reconocimiento legal de las fundaciones IMDEA y la Fundación para el Conocimiento Madri+d.
La ley también contempla medidas para potenciar la proyección internacional de los centros, universidades y especialistas madrileños, así como para acercar la investigación a la sociedad a través de la divulgación. Se simplificarán los procedimientos administrativos para facilitar la ejecución de proyectos y se promoverá la aplicación de los resultados en empresas, generando oportunidades económicas y beneficios para los ciudadanos.




