La presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, anunció la iniciativa durante la clausura del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. La ley establece que por cada nueva carga administrativa impuesta a las empresas, se deberá eliminar otra de coste equivalente, y las normas de organización tendrán una fecha de caducidad para evitar su permanencia por inercia.
El proyecto de ley, que se remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate, contempla la evaluación de la normativa antes y después de su aplicación para determinar su eficacia. Las nuevas obligaciones empresariales solo podrán entrar en vigor el 2 de enero y el 1 de julio, un calendario inspirado en el modelo británico para facilitar la adaptación de los negocios, especialmente las pymes.
Se regulará la participación de entidades privadas en la gestión de trámites administrativos, sujetas a acreditación y controles para garantizar los derechos de ciudadanos y empresas. Además, se reforzará la Aceleradora de Inversiones con tramitación preferente y plazos reducidos para proyectos de especial interés, y se crearán espacios de prueba para ensayar nuevos productos y servicios.
El proyecto también impulsa el uso de datos e inteligencia artificial en la gestión pública y la digitalización de trámites. A través de la Línea Abierta contra la Hiperregulación, ya se han simplificado 738 normas, incluyendo modificaciones en la Ley del Suelo y la extensión de declaraciones responsables para servicios sociales.
Esta iniciativa sigue las recomendaciones de organismos como la OCDE, que asocian una normativa clara y sencilla con el crecimiento económico. El texto no implica gasto adicional, sino que prevé la reducción de obligaciones administrativas existentes.
