Durante su intervención, la dirigente autonómica ha asegurado que la medida de regularización masiva de migrantes busca «atascar los servicios públicos» de la región, con el objetivo de generar un «daño gratuito» y promover la inseguridad. Esta celeridad en la medida ha sido vinculada por la presidenta con un intento del Ejecutivo central de «quemar las naves» ante un posible fin de ciclo político.
Según la presidenta madrileña, la actual política migratoria está fomentando una red de ilegalidad que beneficia a mafias y gestores falsos, quienes cobran por trámites que deberían ser gratuitos y fabrican documentación fraudulenta.
“"¿Qué me dice del señor Illa, que ahora ha decidido que en Cataluña el catalán es un requisito para ser buen o mal catalán? ¿Eso no es racismo, eso no es xenofobia?"
En su respuesta al grupo parlamentario Vox, la presidenta ha defendido un modelo basado en la «integración y la racionalidad», marcando distancias con la formación. Ha negado que las personas extranjeras desplacen a los ciudadanos españoles en el acceso a las ayudas públicas, aclarando que en Madrid imperan criterios técnicos de acceso.
La Administración exige periodos mínimos de empadronamiento para acceder a prestaciones de vivienda, empleo o plazas en residencias, aunque ha subrayado que existen ayudas «ilimitadas» por su naturaleza, como las destinadas a la maternidad, y que la cobertura sanitaria no se negará «absolutamente a nadie».
Finalmente, la presidenta ha reiterado que el recurso de la Comunidad de Madrid admitido por el Tribunal Supremo responde a la necesidad de frenar el «caos» que, a su juicio, la normativa estatal está generando en la provisión de los servicios públicos madrileños.
