El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha defendido que la instalación prevista en la calle Los Morales, en el PAU de Carabanchel, “no llega a ser ni un cantón”, al tratarse de “básicamente una caseta donde los jardineros guardan utensilios”, según ha explicado en una entrevista en Onda Madrid.

Las declaraciones del delegado llegan después de que los vecinos del entorno expresaran su preocupación por el proyecto y plantearan posibles movilizaciones similares a las que se han desarrollado en Montecarmelo contra el cantón de limpieza previsto en ese barrio.

Carabante ha insistido en que la instalación de Carabanchel no puede compararse con un cantón de limpieza y ha buscado minimizar el alcance de la actuación municipal. Según ha señalado, el uso previsto estaría vinculado al mantenimiento de zonas verdes y al almacenamiento de material de jardinería.

El delegado ha indicado que el concejal-presidente del distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ya se ha reunido con los vecinos para abordar sus inquietudes y buscar una solución que compatibilice las necesidades del servicio municipal con las demandas del barrio.

La preocupación vecinal se intensifica tras la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid, que hace una semana ordenó la suspensión cautelar inmediata de las obras del cantón de limpieza proyectado en Montecarmelo. El auto judicial apreció posibles vicios de nulidad en la tramitación administrativa y consideró que continuar con la ejecución de las obras podía causar perjuicios “de difícil reparación”.

Esta resolución ha puesto el foco en otros proyectos municipales vinculados a instalaciones de servicios urbanos en distintos barrios de la región. En el caso del PAU de Carabanchel, el Ayuntamiento insiste en que la actuación prevista tiene una dimensión menor y una finalidad distinta a la del cantón de Montecarmelo.

Sin embargo, el área de Urbanismo mantiene abierto el diálogo con la vecindad para evitar que el conflicto escale y se convierta en un nuevo foco de movilización contra el Gobierno municipal. La estrategia del consistorio pasa por demostrar que se trata de instalaciones de naturaleza diferente y por reforzar la comunicación con los residentes afectados.