En el marco de tres operaciones distintas, las autoridades han liberado a un total de once mujeres que eran víctimas de explotación sexual. Los detenidos, acusados de delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales y organización criminal, engañaban a las mujeres en sus países de origen, haciéndoles contraer deudas que debían saldar ejerciendo la prostitución en condiciones precarias. Dos de los arrestados han ingresado en prisión provisional.

La investigación se inició en octubre de 2025 tras la denuncia de una víctima que relató haber sido traída a España para ejercer la prostitución bajo trato degradante y explotación sexual. Las pesquisas revelaron la existencia de una organización criminal con origen en el extranjero que captaba a las mujeres allí, utilizando personas de confianza para facilitar su traslado a España. Una vez en el país, eran obligadas a prostituirse en domicilios vigilados por cámaras y sometidas a coacciones y amenazas.

En una de las intervenciones, se logró liberar a una menor de 15 años que atendía hasta 100 clientes diarios. Las víctimas eran forzadas a consumir sustancias estupefacientes y a ejercer la prostitución sin protección, lo que les acarreaba enfermedades de transmisión sexual. Las operaciones culminaron en abril con registros en dos domicilios de Madrid, donde se detuvo a dos personas y se liberó a cuatro víctimas. Una tercera detención se produjo en Alicante.

En otra operación independiente, una víctima denunció la situación en un prostíbulo de Madrid, donde había sido incitada a compartir fotos íntimas online a cambio de una oferta de trabajo sexual. Esta mujer trabajaba doce horas diarias en tres domicilios, bajo amenaza de desvelar su identidad si intentaba abandonar el negocio. Los clientes accedían a los domicilios mediante un código y disponían de bonos. Tres mujeres fueron liberadas en registros realizados en estos domicilios.