La figura del expresidente del Gobierno ha generado debate, pero un análisis centrado en la economía revela un legado complejo. Al inicio de su mandato en La Moncloa, España contaba con cuentas públicas saneadas, un superávit presupuestario y una deuda pública del 45,4% del PIB. El mercado laboral se acercaba al pleno empleo en muchas regiones. Sin embargo, al finalizar su periodo, el déficit público se situaba cerca del 10%, el desempleo superaba los cinco millones de personas (21,5% de la población activa) y la deuda pública rebasaba el 70% del PIB.
Si bien la crisis financiera internacional de 2008 tuvo un impacto severo, la respuesta política se caracterizó por una negación inicial de la gravedad de la situación. Medidas como el Plan "E" o el cheque de 400 euros, destinadas a estimular la economía, incrementaron el endeudamiento sin generar efectos positivos notables, agravando la recesión.
La situación económica obligó a España a implementar un severo programa de ajuste tras el rescate de países como Grecia. Las medidas incluyeron la congelación de pensiones, reducción salarial de funcionarios, subidas de impuestos como el IVA y el IRPF, y la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio. La reestructuración financiera y el déficit del sistema eléctrico también presentaron desafíos significativos.
Considerar este legado argumento para tapar los indicios, que en horas serán pruebas, de una presunta trama de corrupción como la que hemos conocido, resulta patético, otro engaño masivo indefendible e injustificado.
Ante los indicios de presuntas tramas de corrupción, se considera inaceptable utilizar el legado económico para justificar o encubrir tales situaciones. La defensa de la presunción de inocencia y el apoyo al trabajo judicial son fundamentales, en contraposición a la invención de relatos alejados de la realidad.
