La comunicación entre ambas administraciones busca resolver la situación del inmueble, que alberga a la institución desde hace dos décadas. El Ejecutivo central ha solicitado formalmente reconsiderar la orden de desalojo, fijada inicialmente para el 1 de septiembre, tras la decisión municipal de recuperar el uso del edificio.
El Ministerio de Exteriores ha manifestado su preocupación por el impacto que este traslado tendría en la proyección internacional de España y en la actividad de la entidad. Según fuentes ministeriales, se ha subrayado la importancia de consensuar cualquier cambio en la gestión del consorcio, del cual forman parte diversas instituciones públicas.
Por su parte, el consistorio madrileño justificó en su momento la medida basándose en el estado de conservación del inmueble y en cambios en la composición del consorcio tras la salida de la Comunidad de Madrid. El edificio, situado en la intersección de las calles Alcalá y O'Donnell, permanece como el centro de operaciones de la institución.
