La operadora ferroviaria considera que esta nueva política, implementada desde el pasado 15 de junio, introduce una diferenciación injustificada entre ciudadanos en el acceso al transporte público. Según Renfe, la estrategia de movilidad debe priorizar la reducción del uso del vehículo privado y la promoción del transporte colectivo, sin establecer barreras basadas en el lugar de residencia.
Además, la compañía denuncia que la decisión del CRTM se tomó sin la debida información ni consulta a las partes implicadas, al margen de los canales de coordinación institucional habituales. Ante esta situación, Renfe ha anunciado que solicitará de forma inmediata una reunión urgente de la comisión de seguimiento para evaluar las repercusiones de esta medida.
“"Esta forma de proceder vulnera los principios de cooperación y cogobernanza que deben regir la gestión del sistema de transporte público, especialmente cuando están en juego aspectos clave como el equilibrio financiero y operativo."
Renfe insiste en que no se pueden tomar decisiones de tal magnitud sin la participación de todos los actores relevantes. La empresa subraya que esta medida podría generar desigualdades en el acceso al transporte, mermar la cohesión social y territorial, y contravenir el principio de igualdad que debe caracterizar a cualquier servicio público.
En contraste, Renfe recuerda que sus propios títulos de transporte ofrecen diversas alternativas sin requerir acreditación de empadronamiento. Por ejemplo, el abono mensual, con un coste de 20 € (10 € para jóvenes), permite viajes ilimitados en todos los núcleos de Cercanías de España, siendo una opción flexible para quienes se desplazan entre diferentes ciudades. La opción Bonotren, por su parte, ofrece 10 viajes y es válida únicamente para un núcleo y zonas específicas.
