La iniciativa, presentada por el grupo Más Madrid, fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular. Esta decisión se alinea con la postura expresada previamente por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, quien había manifestado su escepticismo sobre la viabilidad de aplicar este modelo en la estructura autonómica.
“"Rebajar a 35 horas la jornada de los funcionarios de la Administración General del Estado ha supuesto perder 17.000 puestos a tiempo completo."
Durante el debate, una diputada de Más Madrid defendió la propuesta argumentando que la sociedad progresa cuando se amplían los derechos, el tiempo de vida y el bienestar de los trabajadores. Subrayó que el éxito no siempre reside en una mayor presión o control, sino en la dignidad laboral.
“"La derecha convierte el trabajo en presión. La izquierda entiende que el trabajo debe ser compatible con vivir. La izquierda sospecha siempre del trabajador. La izquierda confía en las personas sin su capacidad cuando se las trata con dignidad."
Desde el Partido Socialista, un diputado también mostró su apoyo a la medida, destacando que el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ya ha implementado esta reducción en la Administración General del Estado. Resaltó que esta decisión fue fruto de una negociación compleja, buscando mantener la calidad de los servicios públicos y los derechos laborales.
En contraste, una diputada del Partido Popular criticó la insistencia de la izquierda en esta propuesta, especialmente después de su implementación en la AGE, calificándola como una estrategia para sumarse a lo que denominó la “trampa del Gobierno”. Lamentó la falta de un estudio oficial sobre el impacto económico de la medida, señalando que su coste podría ser elevado. Además, hizo hincapié en el contexto demográfico, con una parte significativa de la plantilla de empleados públicos cercana a la jubilación.
Finalmente, una diputada de Vox argumentó que el problema de la Comunidad de Madrid no es la falta de recursos, sino la ausencia de valentía y decisión política. Defendió que los derechos de los trabajadores públicos deberían prevalecer sobre otros gastos, haciendo alusión a la inmigración.
