La decisión de no participar, confirmada por fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, se fundamenta en la "coherencia" y el "respeto a la legalidad". Según estas fuentes, la convocatoria del Gobierno central es "ilegal" y busca "prolongar el reparto forzoso de menores como si fueran paquetes, en contra de su voluntad y sin cobertura legal".
“"La Comunidad de Madrid no va a participar de la política migratoria temeraria de Pedro Sánchez (...). Es una convocatoria ilegal porque el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades autónomas."
La consejera Ana Dávila añadió que el plazo de un año del decreto para el traslado forzoso de menores, recurrido ante la justicia por la Comunidad, ya ha vencido. Por tanto, considera que "no hay cobertura legal para continuar con este atropello a las competencias autonómicas y a la dignidad de las personas", acusando al Gobierno de querer seguir siendo "el último transportista de las mafias".
El Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso ya había comunicado al Gobierno de España que no aceptaría nuevos traslados de menores migrantes no acompañados bajo el amparo del Real Decreto-ley 2/2025, al considerar que el mecanismo extraordinario de reubicación ha perdido su validez jurídica tras la expiración de los plazos establecidos.
