La crisis política en torno al portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde de Alcalá de Henares, Víctor Acosta, ha vivido un nuevo capítulo con la celebración de una Junta de Portavoces extraordinaria. Sin embargo, al término de la jornada, la situación judicial permanecía inalterable, sin novedades procesales que modifiquen el escenario inicial.
La principal novedad informativa provino de las declaraciones de la alcaldesa, Judith Piquet, quien en una entrevista concedida a SER Henares fijó una posición inequívoca: Víctor Acosta seguirá siendo portavoz de Vox, concejal y miembro del Gobierno municipal mientras no exista una resolución judicial que justifique otra decisión. Estas declaraciones se producen en medio de una creciente presión política por parte de PSOE y Más Madrid, que consideran insuficiente la respuesta del Gobierno municipal y exigen la adopción inmediata de medidas contra el edil de Vox.
Mientras PP y Vox sitúan el debate en el terreno de la presunción de inocencia, la oposición de izquierdas sostiene que la protección de las denunciantes y las responsabilidades políticas deben activarse con independencia del recorrido judicial del caso. La alcaldesa defendió que el procedimiento se encuentra en una fase inicial y recordó que no existe ninguna resolución judicial que permita establecer responsabilidades, afirmando rotundamente: "Va a seguir siendo mi compañero, va a seguir siendo mi socio de Gobierno".
Piquet sostuvo además que la presunción de inocencia debe aplicarse con independencia de las siglas políticas y denunció una posible doble vara de medir. Comparó la situación con otros procedimientos que afectan a dirigentes vinculados al PSOE, insistiendo en que el respeto a las garantías judiciales debe ser idéntico para todos.
La alcaldesa negó expresamente las informaciones publicadas por El País sobre una supuesta investigación interna paralizada en el Ayuntamiento, señalando que el Consistorio no había facilitado esos datos. Confirmó haber hablado con las funcionarias afectadas, justificándolo como parte de sus obligaciones.
Tras la Junta de Portavoces, el Grupo Socialista endureció su posición, reclamando explicaciones sobre el conocimiento previo de la situación, la posible implicación del Ayuntamiento en medidas cautelares contra un medio y decisiones laborales recientes. El PSOE exige la activación de medidas antiacoso y considera que la alcaldesa debe intervenir más directamente, manteniendo su exigencia de apartar a Acosta.
Más Madrid Alcalá calificó de "decepción" el resultado de la Junta, señalando que la prioridad debe ser la protección de las personas denunciantes, lo cual consideran compatible con la presunción de inocencia. Cuestionan las explicaciones del Gobierno municipal sobre el conocimiento previo y la activación de mecanismos internos, recordando la postura de Vox en casos similares en otros municipios.
La Junta de Portavoces confirmó la polarización política: PP y Vox esperan la evolución judicial, mientras PSOE y Más Madrid exigen medidas políticas y administrativas inmediatas. Sin embargo, la situación procesal de Víctor Acosta no ha cambiado, permaneciendo inalterada a la espera de pronunciamiento judicial.
