Cuatro columnas partirán a las 12:00 horas desde Atocha, Colón, Sevilla y Plaza Dalí Felipe II para confluir en la Puerta de Cibeles. Esta será la quinta marcha organizada por el espacio vecinal con este formato, buscando denunciar la entrega de la Sanidad a intereses particulares y exigir un sistema público y de calidad accesible para todos.
Los organizadores reclaman el blindaje de la Sanidad Pública, la derogación de leyes privatizadoras y la reversión de bienes públicos. Sostienen que la sanidad debe priorizar el bienestar social sobre el beneficio económico, advirtiendo que la desviación de fondos públicos a empresas privadas perjudica la atención a todos los ciudadanos.
La Atención Primaria es un eje central de la protesta, con la exigencia de destinar al menos el 25% del presupuesto sanitario a este nivel asistencial. Los convocantes critican el desmantelamiento progresivo, los largos tiempos de espera para citas médicas y la falta de personal en urgencias extrahospitalarias.
“"Nuestra salud no puede ser el botín de ninguna empresa privada. Cada euro que se desvía de lo público a lo privado es un euro que se roba a la atención de nuestros mayores, al futuro de nuestros hijos e hijas y a la seguridad del conjunto de la población."
La manifestación coincide con la conflictividad laboral del sector, con médicos y facultativos en huelga indefinida intermitente a nivel estatal. Se reclama también la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid, argumentando que "cuidar a quienes nos cuidan" es esencial para garantizar una asistencia de calidad.
Las listas de espera son otro punto clave: en abril, la espera quirúrgica acumulaba 107.208 personas, las citas para consultas externas superaban las 728.917, y los huecos para pruebas diagnósticas eran 186.810. Los organizadores alertan de que estos retrasos fomentan la privatización y recuerdan que "la salud no puede esperar".
Finalmente, se demandará una mayor financiación sanitaria para la Comunidad de Madrid, señalando que es la comunidad que menos invierte por habitante (1.424 euros) frente a otras como Asturias (2.301 euros), lo que explicaría los problemas de acceso y calidad.
