La investigación, que comenzó en junio de 2025 tras la denuncia de la desaparición de un menor, se ha cerrado en abril con la detención de una persona y la imputación de otras 14. Los implicados presuntamente utilizaban documentación falsificada para tramitar empadronamientos fraudulentos.
Las pesquisas se iniciaron cuando los agentes acudieron al domicilio donde figuraba empadronado el menor y los residentes negaron conocerlo. Tras localizar a la madre y entregar al niño en una dirección diferente a la registrada oficialmente, se abrió una investigación sobre la situación registral de la vivienda.
Las comprobaciones posteriores revelaron un número inusualmente alto de personas empadronadas en una misma vivienda del distrito de Carabanchel. Esto destapó un supuesto sistema que utilizaba contratos de arrendamiento ficticios y hojas padronales falsificadas con datos y firmas presuntamente no veraces para empadronar a personas migrantes.
Las autoridades apuntan a que los empadronamientos se realizaron sin el conocimiento ni el consentimiento del propietario legítimo del inmueble utilizado para los trámites.




