La formación política Más Madrid ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de impedir la venta de viviendas públicas, protegidas o construidas sobre suelo público a fondos de inversión que busquen la "explotación especulativa". La iniciativa surge tras conocerse que el fondo Ares asumirá la venta de viviendas vinculadas al Plan Vive impulsado por el Gobierno regional.

Más Madrid critica que durante la última década se han vendido "miles" de viviendas públicas y protegidas, financiadas con dinero público, a fondos internacionales, a menudo por debajo de su valor real y sin salvaguardas para los residentes. La formación denuncia que esto ha convertido la vivienda en un "activo financiero para la especulación y el beneficio de grandes capitales", y que la región está siendo "saqueada" por decisiones políticas que elevan los precios de alquiler a una media superior a los 1.350 euros mensuales.

La propuesta también cuestiona el modelo de colaboración público-privada del Plan Vive, argumentando que pone "suelo público, financiación pública y vivienda protegida al servicio del beneficio privado". Se señala a empresas como Avintia, Avalon Properties o Ares Management por operar con estas viviendas como "activos financieros", lo que, según Más Madrid, "consolida la financiarización del parque residencial" en lugar de fortalecer el derecho a la vivienda.

Para contrarrestar esta situación, Más Madrid propone modificar las condiciones de futuras concesiones del Plan Vive para "impedir expresamente" la venta de promociones en suelo público en mercados financieros. Además, plantean que la Comunidad de Madrid tenga un "derecho preferente de adquisición" sobre cualquier promoción ligada al Plan Vive o edificada en suelo público, permitiendo su recuperación para el parque público de vivienda social y asequible.

Adicionalmente, la formación ha solicitado a la Cámara de Cuentas que fiscalice los procedimientos de adjudicación, las condiciones económicas, la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de estas concesiones desde el inicio de la actual legislatura. La petición incluye el análisis de expedientes de cesión de suelo público, la evaluación del patrimonio público y el estudio del impacto económico, social y patrimonial del modelo impulsado por el Ejecutivo autonómico.