La movilización, que afecta a escuelas públicas, centros de gestión indirecta y privados, surge como respuesta a años de abandono institucional. Las trabajadoras señalan que la situación actual impide garantizar una educación de calidad para los menores de tres años, etapa clave en su desarrollo cognitivo y emocional.

Entre las demandas principales destaca la rehabilitación urgente de las instalaciones. Muchos centros en la Comunidad de Madrid, con décadas de antigüedad, presentan problemas estructurales graves como humedades, moho, deficiencias en el aislamiento térmico y sistemas eléctricos obsoletos que requieren una intervención inmediata.

El colectivo también exige una reducción drástica de las ratios por aula. Actualmente, la atención a grupos de hasta 20 niños de dos a tres años dificulta la personalización de la enseñanza, alejándose de las recomendaciones europeas que abogan por una atención más individualizada en la primera infancia.

Finalmente, el sector reclama un incremento en la financiación pública para cubrir gastos operativos básicos y la dignificación de su figura profesional. Las educadoras exigen ser reconocidas formalmente como personal docente, lo que permitiría una mayor participación en la toma de decisiones pedagógicas y una mejora en la gestión de las sustituciones de personal.