La Comunidad de Madrid ha formalizado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional dirigido contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La acción legal se fundamenta en la supuesta falta de convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes, un órgano considerado esencial para la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, que no se reúne desde hace más de tres años.
El Ejecutivo regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ya había enviado un requerimiento formal al Ministerio a finales de abril, instando a la activación de dicho órgano. En aquel escrito, se advertía de que, en caso de no convocarse la reunión en un plazo de 30 días, se recurriría a la vía judicial, una advertencia que finalmente se ha materializado.
La normativa que rige este foro de cooperación establece que las reuniones deben celebrarse semestralmente. No obstante, la última sesión tuvo lugar en julio de 2022. Para la Comunidad de Madrid, esta situación representa un incumplimiento de las obligaciones de coordinación institucional y un impedimento para la gestión conjunta en materia de movilidad y transporte público.
Fuentes del Gobierno autonómico argumentan que la ausencia de este órgano dificulta una respuesta coordinada a los desafíos del sistema de transporte. Señalan un empeoramiento del servicio de Cercanías y un aumento de incidencias en los últimos años como factores que requieren una acción conjunta.
En esta línea, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación entre las distintas administraciones para optimizar la planificación de infraestructuras y mejorar la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha criticado públicamente la actitud del ministro, instándole a abandonar lo que describió como "matonismo habitual en redes sociales" y a actuar "como un ministro". García también ha justificado la decisión de acudir a los tribunales tras el incumplimiento del requerimiento previo.
El Ejecutivo madrileño insiste en que las incidencias en la red de Cercanías han experimentado un aumento significativo recientemente y reclama explicaciones sobre las inversiones proyectadas para revertir lo que consideran un deterioro del servicio.
