El Ejecutivo madrileño argumenta que el plan supone una intromisión en competencias autonómicas y restringe su capacidad de gestión en políticas de vivienda. La Abogacía General de la región cuestiona tanto el reparto competencial como el modelo de financiación, que impone nuevas obligaciones económicas a las autonomías.
El plan estatal cuenta con una dotación de hasta 7.000 millones de euros, de los cuales Madrid recibiría 1.113 millones. Establece que el Estado financie el 60% de las actuaciones y las comunidades el 40% restante, un porcentaje superior al 25% exigido en planes anteriores. El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, calificó la iniciativa de "propagandística" y financieramente "profundamente injusta".
Un dictamen del Consejo de Estado advierte de que la cofinanciación podría ser una "injerencia excesiva" en la autonomía financiera de las comunidades. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sostiene que la carga económica para Madrid se quintuplica respecto al plan precedente, sin una negociación real de las condiciones.
La Comunidad critica el procedimiento de elaboración, reprochando al Gobierno central la aprobación del texto sin consenso autonómico, lo que dificulta la planificación y ejecución de políticas de vivienda. También rechaza la obligación de establecer protección permanente para viviendas con ayudas públicas, considerándola una extralimitación competencial estatal.
Además, se cuestiona el carácter uniforme del plan, que reduce la capacidad de las autonomías para adaptar las políticas a sus particularidades. El Ejecutivo regional también rechaza vincular la recepción de fondos a obligaciones de publicidad institucional o intercambio de información administrativa, considerándolos ajenos a los objetivos del programa.
Madrid recuerda haber presentado alegaciones que no fueron incorporadas y lamenta que el Gobierno central haya optado por un modelo de imposición en lugar de colaboración.
