El Ejecutivo regional sostiene que la nueva normativa estatal vulnera las facultades de gestión propias de las regiones. Según el recurso, el marco legislativo actual impone una carga económica excesiva a las arcas autonómicas, al elevar la obligatoriedad de cofinanciación del 25% al 40% de la inversión total.
La administración madrileña se apoya en un dictamen del Consejo de Estado, que advierte sobre una injerencia en la autonomía financiera regional. El informe señala que las directrices estatales restringen la capacidad de autoorganización y no contemplan las particularidades demográficas y sociales de cada territorio.
Otro punto de conflicto es la exigencia de protección permanente para las viviendas que reciban ayudas públicas. El Gobierno regional argumenta que esta medida contraviene criterios previos del Tribunal Constitucional y genera inseguridad jurídica al interferir en normativas locales ya establecidas.
