La Comunidad de Madrid estudia la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El Ejecutivo autonómico considera que la iniciativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, invade competencias regionales y limita la capacidad de las políticas de vivienda propias de la comunidad.
A pesar de las críticas, el gobierno madrileño ha confirmado que votará a favor del reparto de fondos durante la Conferencia Sectorial celebrada este jueves, calificándolo como un acto de "responsabilidad institucional". El plan estatal cuenta con una dotación de hasta 7.000 millones de euros, triplicando la del anterior programa, y prevé movilizar sus efectos a partir del segundo semestre del año. A la Comunidad de Madrid le corresponderían 1.113 millones de euros, siendo la segunda región con mayor asignación presupuestaria, solo superada por Andalucía.
El nuevo modelo de financiación establece que el Estado asumirá el 60% de la inversión, mientras que las comunidades autónomas deberán aportar el 40% restante. Este esquema supone un incremento significativo del esfuerzo económico regional, ya que en programas anteriores las autonomías solo financiaban el 25% del presupuesto.
El consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, criticó el plan del Gobierno central, calificándolo de "plan propagandístico" elaborado "sin consenso" y con el objetivo de "imponer un modelo ideológico". Rodrigo consideró el sistema de financiación "profundamente injusto", ya que, según él, el Estado "solo duplica" su aportación mientras obliga a las comunidades a "multiplicarla por cinco", añadiendo que "Moncloa pone el titular y las autonomías ponen la cartera".
Una de las principales novedades del plan es el blindaje permanente de las viviendas públicas financiadas con fondos estatales, una medida que el Ejecutivo regional cuestiona. El objetivo del Gobierno central es que los inmuebles construidos o adquiridos con cargo al programa mantengan indefinidamente su condición de vivienda protegida para prevenir la descalificación y la especulación futura.
El Ministerio también ha incorporado cláusulas antifraude, sistemas de control y seguimiento, y una evaluación anual. El presupuesto se destinará un 40% a vivienda protegida permanente, un 30% a rehabilitación residencial y el 30% restante a ayudas para jóvenes, reducción de la tasa de esfuerzo financiero y actuaciones en zonas tensionadas.
La Comunidad de Madrid también cuestiona que el acceso a ciertos fondos esté condicionado al intercambio de información sobre fianzas o a la participación institucional. Rodrigo calificó estas medidas de "amenazas desproporcionadas" y defendió que el Gobierno central "confunde gobernar con colonizar competencias".
El consejero criticó el calendario de aplicación, considerándolo "rematadamente tarde", y advirtió que el retraso en la firma de convenios podría impedir la ejecución completa de algunas actuaciones previstas para 2026. La Comunidad ya había reservado 88 millones de euros para políticas de vivienda, pero carece del marco jurídico para implementarlas.
Por su parte, el Ministerio, dirigido por Isabel Rodríguez, defiende que el plan mantiene los criterios de reparto anteriores y busca un acuerdo con todas las autonomías para abordar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables. En términos territoriales, Andalucía recibirá 1.197 millones, seguida de Madrid (1.113 millones) y Cataluña (1.015 millones).
