La decisión de Dávila surge tras conocerse que el Ministerio de Juventud e Infancia planeaba informar a las autonomías sobre el número mínimo de plazas para acoger a menores migrantes solos. La consejera madrileña interpreta esta convocatoria como un intento del Ejecutivo central de mantener un sistema extraordinario de reubicación que, según el Gobierno regional, carece ya de validez legal.

La responsable madrileña ha criticado duramente el modelo propuesto por el Gobierno, argumentando que se pretende seguir distribuyendo a los menores “como si fueran paquetes y en contra de su voluntad”. Para Dávila, esta práctica es “inhumana” y vulnera tanto las competencias autonómicas como la dignidad de las personas afectadas.

Dávila sostiene que la reunión carece de legitimidad, ya que, según su versión, fue rechazada por la mayoría de las comunidades autónomas en la comisión sectorial previa. Además, considera que el decreto que amparaba los traslados extraordinarios de menores ha expirado, una normativa que la Comunidad de Madrid mantiene recurrida ante la justicia.

Esta postura intensifica el conflicto entre el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez en materia migratoria. Recientemente, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya había comunicado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública su negativa a aceptar nuevos traslados de menores migrantes no acompañados sin una cobertura legal clara.