Madrid priorizará el arraigo en la adjudicación de viviendas públicas

El Ayuntamiento de Madrid reformará el reglamento de la EMVS para favorecer a los empadronados de larga duración y adaptar la política a la presión del mercado residencial.

Imagen genérica de una mano señalando un documento legal, simbolizando una modificación de normativa.
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Imagen genérica de una mano señalando un documento legal, simbolizando una modificación de normativa.

El Ayuntamiento de Madrid, bajo la dirección de José Luis Martínez-Almeida, prepara una reforma "muy profunda" en el reglamento de adjudicación de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para dar prioridad a los ciudadanos con mayor tiempo de empadronamiento en la capital.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida confirmó este martes que la iniciativa busca reforzar el criterio de arraigo, adaptando las políticas municipales a la creciente presión del mercado residencial en Madrid. La medida fue anunciada desde la Escuela Municipal de Empleo Verde y Oficios.

"No queremos dejar fuera a nadie que viva en la ciudad, pero es necesario priorizar a los vecinos con mayor antigüedad."

José Luis Martínez-Almeida · Alcalde de Madrid
Esta reforma se alinea con el cambio anunciado por la Comunidad de Madrid en el Plan Vive, que también priorizará a quienes acrediten al menos cinco años de empadronamiento en su municipio. En la capital, Almeida busca actualizar el marco de adjudicación para incorporar nuevas realidades y mejorar la respuesta municipal ante las dificultades de acceso a la vivienda.
El problema, según el alcalde, trasciende la vivienda social y afecta cada vez más a la vivienda asequible. Muchas personas con capacidad económica para afrontar un alquiler o una compra no pueden acceder a una vivienda en Madrid debido al encarecimiento del mercado. El Ayuntamiento pretende abordar esta situación con nuevos instrumentos.
Almeida defendió que la política municipal debe atender tanto a quienes carecen de recursos como a las rentas medias que encuentran serias barreras para residir en la ciudad. Marcó distancias con el Gobierno central y con el modelo de Casa 47, al considerar que este último excluye a quienes se sitúan por debajo de 2,5 veces el IPREM.
El Consistorio mantendrá los recursos dirigidos a quienes no tienen capacidad económica y, al mismo tiempo, focalizará esfuerzos en aquellos que, aun teniéndola, no consiguen acceder a una vivienda en la capital.