El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado este lunes las acusaciones de haber establecido un copago para los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han calificado de "falsa" y "burda manipulación" la información que sugería una rebaja en la subvención aprobada para los pacientes más graves, clasificados como Grado III+.

Según la Administración madrileña, las ayudas aprobadas por el Gobierno de España se rigen por una normativa que exige ajustes basados en la capacidad económica del beneficiario, el coste del servicio contratado y la percepción de otras prestaciones. La Consejería señala que el diseño de estas ayudas, vinculado a la contratación de servicios reglados de ayuda a domicilio o asistencia personal, no reconoce adecuadamente la realidad de los enfermos de ELA ni la de sus cuidadores, y considera que esta situación requiere una reformulación a nivel estatal.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la labor de su gobierno en apoyo a los enfermos de ELA desde el inicio, destacando la implementación de tratamientos y programas de "gran calidad" e "incomparables". Ha lamentado que se utilice un asunto tan sensible, que afecta a pacientes con una enfermedad especialmente dura, con fines políticos.

La Consejería ha subrayado su compromiso con los pacientes de ELA, informando que ya se ha reconocido a los primeros 100 afectados en situación de Grado III+ y que esta semana se iniciará el abono de las ayudas correspondientes a abril y mayo. Aseguran que Madrid se encuentra entre las comunidades pioneras en la tramitación y pago de estas prestaciones.

No obstante, el Ejecutivo autonómico insiste en que las condiciones de acceso, cálculo y posibles minoraciones están marcadas por el marco estatal de dependencia. Por ello, la Comunidad de Madrid ha reiterado su demanda de una mayor financiación estatal en materia de dependencia, cifrando en más de 3.000 millones de euros la deuda del Gobierno de Pedro Sánchez con la región por este concepto. Sostienen que el Estado financia solo el 27,9% del coste total, cuando legalmente debería aportar el 50%, lo que repercute en la gestión de estas prestaciones sensibles.