El martes 28 de abril de 2026, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, informó sobre esta nueva iniciativa. Las viviendas se distribuirán con 130 unidades en el desarrollo de Los Berrocales y las 220 restantes en el barrio de Hortaleza, específicamente en la UVA de Hortaleza, en el distrito de San Blas-Canillejas. Esta medida se enmarca en la estrategia de colaboración público-privada del gobierno regional.
Los trámites para esta licitación comenzarán oficialmente en el último cuatrimestre del año. La Comunidad de Madrid busca así incrementar la oferta de vivienda para mitigar la actual crisis de acceso a este bien esencial, una política que, según el gobierno regional, ha llevado a promover más del 40% de toda la vivienda protegida en España desde 2019.
“"Desde 2019, hemos promovido más del 40 por ciento de toda la vivienda protegida en España, más que cualquier otra comunidad autónoma."
El ejecutivo regional proyecta la construcción de más de 70.000 pisos con algún tipo de protección al finalizar la legislatura actual, y hasta 280.000 en los próximos 15 años, gracias a los 31 desarrollos urbanísticos en curso. Esta estrategia contrasta con las críticas de la oposición, que acusa al Gobierno central de políticas "intervencionistas" y "populistas" en materia de vivienda.
Por su parte, el grupo Más Madrid ha presentado dos Proposiciones No de Ley (PNL) en la Asamblea de Madrid. Estas propuestas buscan "intervenir el mercado de la vivienda" para "frenar la especulación" y "reforzar el parque público de vivienda". Una de las PNL denuncia el papel de los grandes fondos de inversión en el encarecimiento del alquiler y la pérdida de vivienda pública, proponiendo medidas como frenar la expansión de grandes tenedores y prohibir la venta de vivienda pública a fondos.
La segunda PNL de Más Madrid se enfoca en el modelo de vivienda protegida, criticando su "insuficiencia y descalificación progresiva". Propone establecer la protección pública indefinida de estas viviendas, eliminar incentivos a promotores privados con ánimo de lucro, fomentar modelos alternativos como cooperativas y aumentar la reserva de suelo para vivienda protegida hasta al menos el 30% en nuevos desarrollos.
