El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dará luz verde esta semana a una ley destinada a impulsar la creación de 18.000 hogares protegidos en un plazo de cuatro años. Esta iniciativa busca no solo incrementar la oferta disponible, sino también optimizar los tiempos de construcción para alinearlos con las necesidades del mercado inmobiliario regional.
La normativa, cuyo contenido fue anticipado en noviembre por la presidenta regional, introduce medidas clave para facilitar el acceso a viviendas asequibles, con un enfoque particular en jóvenes y familias. Esta acción se enmarca dentro de la estrategia autonómica de vivienda que se ha venido desarrollando desde 2019.
Entre las principales innovaciones de la ley se encuentra la posibilidad de aumentar la densidad de las promociones hasta un 30% y la edificabilidad en un 20%. Estos cambios permitirán edificar un mayor número de viviendas en una misma parcela, sin necesidad de recurrir a nuevo suelo. Además, la legislación busca reducir los plazos administrativos y de ejecución, un factor crucial para acelerar la entrega de viviendas protegidas ante el constante crecimiento de la demanda en la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional enmarca esta ley dentro de una estrategia más amplia, destacando que Madrid ha concentrado más del 40% de la vivienda pública construida en España desde 2019. Durante este periodo, se han implementado diversas líneas de actuación, como el Plan VIVE de alquiler asequible, que ha entregado 5.300 viviendas y prevé sumar 3.200 más en construcción este año, con el objetivo de alcanzar las 14.000 para 2027.
Asimismo, se han aprobado 14 rebajas fiscales relacionadas con el acceso a la vivienda desde 2019, muchas de ellas dirigidas a menores de 25 años. Se ha ampliado hasta los 50 años el límite para acceder a avales hipotecarios, con una dotación de 25 millones de euros. La Comunidad de Madrid también ha introducido cambios normativos que permiten la transformación de oficinas en viviendas de alquiler asequible, añadiendo más de 8.000 inmuebles al mercado en un año, y ha autorizado la construcción de vivienda protegida en suelos privados inicialmente destinados a uso hotelero.
El programa Mi Primera Vivienda ha ampliado el importe máximo subvencionable hasta 425.000 euros para facilitar la financiación hipotecaria. Se han aprobado ayudas para familias numerosas y monoparentales, se ha recuperado el arrendamiento con opción a compra y se han eliminado tasas en conflictos entre propietarios e inquilinos. En el ámbito social, la inversión pública en vivienda aumentará un 24% en 2026, lo que permitirá la construcción de 2.100 viviendas durante la legislatura, de las cuales más de 700 se entregarán ese mismo año a familias en situación de vulnerabilidad.
