Un informe elaborado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local detalla la necesidad de estas incorporaciones. A finales de 2024, la región contaba con 732 jueces y magistrados, lo que representa una ratio de 10,4 por cada 100.000 habitantes, cifra inferior a la media nacional (11,9) y significativamente por debajo de la europea (17,4).
El Ejecutivo autonómico apoya la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que demanda la cobertura inmediata de 142 plazas. Además, se estima que serán necesarias más de 350 plazas adicionales en los próximos cinco años.
En cuanto al personal, la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid cuenta con 7.811 empleados, de los cuales 3.090 no son funcionarios de carrera. La situación se agrava por la jubilación de 454 trabajadores públicos en los últimos dos años y una edad media superior a los 50 años.
“"La eliminación de la tasa de reposición y la asignación de al menos 800 plazas anuales en las ofertas de empleo público de los próximos tres años permitiría reducir la tasa de interinidad hasta el 8%, desde el 38,6% actual."
Esta medida se alinea con lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Solo en 2024, el Ejecutivo autonómico ha tenido que contratar a 1.350 funcionarios interinos. Desde 2023, se han creado 326 nuevos puestos en áreas como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía, los órganos judiciales, las Oficinas de Justicia en el Municipio y el Registro Civil.
La Comunidad de Madrid asumió las competencias en materia de Justicia en 2002, cuando el Estado invertía 62 millones de euros. Actualmente, la inversión regional asciende a 690 millones de euros, multiplicando por más de diez la dotación económica inicial.
