El Gobierno regional, tras recibir el informe favorable de la Abogacía General, ha avanzado en la tramitación de esta iniciativa. Próximamente, se solicitará el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, con la expectativa de que el decreto sea aprobado durante el segundo semestre de este año.
Este decreto tiene como objetivo principal proporcionar a los ciudadanos un marco jurídico actualizado, que se adapte a sus necesidades y ofrezca una mayor seguridad. Se enfoca específicamente en las normas que rigen el funcionamiento interno de la administración o entidades públicas, abarcando aspectos como estructuras, competencias, órganos, procedimientos y servicios. Un ejemplo de estas normativas incluye aquellas que definen la actividad de un órgano colegiado o el decreto que regula la Mesa de Diálogo Social.
Contar con un marco jurídico actualizado, adaptado a sus necesidades y que aporte una mayor seguridad jurídica.
La propuesta establece la obligatoriedad de realizar al menos una evaluación ex post de la normativa antes de que transcurran cuatro años desde su entrada en vigor, a menos que las leyes de rango superior especifiquen un plazo diferente. Este proceso permitirá verificar si las medidas implementadas han logrado los objetivos previstos o si requieren ajustes para adaptarse al contexto actual.
Adicionalmente, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá presentar, en el plazo de un año desde la implementación del decreto, una propuesta para revisar los procedimientos administrativos. El objetivo es priorizar el silencio positivo en ausencia de una resolución expresa dentro del plazo establecido, beneficiando así a los ciudadanos.
Esta iniciativa se alinea con el compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de impulsar una administración más eficiente y centrada en el ciudadano. La medida, que formaba parte del programa electoral de 2023, fue anunciada por la jefa del Ejecutivo autonómico durante el último Debate sobre el Estado de la Región.
El procedimiento de evaluación normativa incluirá una fase de consulta pública para fomentar la participación ciudadana y empresarial, culminando con un informe elaborado por la consejería competente. Los criterios adicionales serán definidos por la Comisión Interdepartamental. Asimismo, las disposiciones reglamentarias de carácter organizativo, excluyendo los decretos de estructura orgánica, y aquellas que regulan la organización y funcionamiento de los órganos colegiados, perderán su vigencia a los cinco años de su entrada en vigor, a menos que una evaluación ex post determine su necesidad de mantenimiento.
El decreto también incorpora un procedimiento abreviado para ciertas leyes que, por su simplicidad y tras haber superado todos los controles, lo permitan. Este mecanismo, similar a la tramitación en lectura única en la Asamblea, reducirá significativamente los plazos de gestión. Con estas acciones, la Comunidad de Madrid busca disminuir el exceso de regulación, fomentar la actividad económica, atraer inversiones y talento, y simplificar la vida de sus ciudadanos, modernizando el marco normativo y eliminando cargas burocráticas.
