La sanidad pública madrileña se encuentra en un nuevo punto álgido de tensión. Los profesionales médicos han comenzado este lunes la quinta semana de paros, una protesta que se dirige contra el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco aprobado inicialmente por el Consejo de Ministros. Los facultativos reclaman una normativa estatutaria específica y diferenciada para su colectivo.
Esta convocatoria, que sigue a las movilizaciones de una semana en febrero, marzo, abril y mayo, se extenderá hasta el próximo viernes 19 de junio. El punto culminante de las protestas tendrá lugar hoy con una manifestación nacional frente al Ministerio de Sanidad. Para los días siguientes, el sindicato Amyts ha programado concentraciones diarias a las 10:00 horas, que tendrán lugar el martes en el Hospital 12 de Octubre, el miércoles en el Puerta de Hierro de Majadahonda, el jueves ante la Consejería de Sanidad y el viernes en el Ramón y Cajal.
Los comités organizadores han confirmado que esta será la última semana de paros hasta septiembre, acordando una tregua estival para no sobrecargar el sistema sanitario durante los meses de verano, periodo que ya de por sí es complejo por las vacaciones y la falta de personal estructural.
La reactivación de las huelgas se produce tras la validación gubernamental del texto legal, pactado previamente entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos de la mesa sectorial. Mientras el Comité de Huelga estatal y las Comunidades Autónomas piden un pacto nacional liderado por la ministra Mónica García, esta ha señalado que las competencias de gestión recaen en las autonomías, instándolas a abordar las demandas sobre la jornada de 35 horas y la reducción de guardias.
El impacto asistencial en la región es considerable. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid estima que el perjuicio económico directo de la huelga asciende a 16.456.119 euros desde su inicio en diciembre. Este parón administrativo y clínico ha resultado en la suspensión de 10.470 intervenciones quirúrgicas, 215.344 consultas externas y 21.733 pruebas diagnósticas aplazadas, afectando a hospitales, centros de Atención Primaria y personal MIR, cuyos servicios mínimos han sido criticados por los sindicatos por considerarlos abusivos.
