“"La actuación frente a las Viviendas de Uso Turístico irregulares es global, al iniciarse con el cese de las viviendas que no cumplen con la legalidad y continúa con la imposición de multas coercitivas y sanciones, cuya tramitación ha tenido como resultado un elevado porcentaje de restablecimiento de la legalidad, al cesar el uso turístico en las viviendas."
Madrid clausura 323 pisos turísticos ilegales y recauda 3,5 millones en multas en 2025
La Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid intensificó sus inspecciones, detectando más de 1.300 viviendas irregulares y aplicando sanciones significativas.
Por Alberto Delgado Sanz
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Imagen genérica de billetes y monedas de euro, simbolizando multas y sanciones económicas.
El Ayuntamiento de Madrid ha logrado que 323 viviendas de uso turístico ilegales volvieran al uso residencial durante 2025, imponiendo multas que ascienden a 3,5 millones de euros en su lucha contra la oferta irregular.
Las acciones del Ayuntamiento de Madrid contra las viviendas de uso turístico irregulares se intensificaron en 2025, resultando en la clausura de 323 propiedades que operaban sin la licencia preceptiva. Esta cifra representa un aumento respecto a las 293 viviendas cerradas en 2024, según datos de la Agencia de Actividades.
El informe de gestión de la Agencia, que se presentará en su Consejo Rector, detalla que el año pasado se inspeccionaron 1.526 viviendas turísticas, casi el triple que las 567 de 2024. De estas inspecciones, se identificaron 1.351 pisos turísticos ilegales.
En cuanto a las sanciones económicas, se impusieron 117 multas por la implantación y desarrollo de un uso incompatible con la ordenación urbanística. La cuantía total de estas sanciones alcanzó los 3,5 millones de euros, distribuidos en una multa de 60.000 euros, siete de 20.000 euros y 110 de 30.000 euros cada una, conforme a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Adicionalmente, se aplicaron 144 multas coercitivas con valores entre 1.000 y 3.000 euros, las cuales no han generado problemas legales. El informe subraya que el objetivo de estas acciones es restablecer la legalidad y asegurar que las viviendas vuelvan a su uso residencial.



