El proyecto legislativo ha superado su primer trámite parlamentario después de que los grupos mayoritarios rechazaran las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. La iniciativa pretende incrementar la edificabilidad y la densidad urbana en la Comunidad de Madrid para agilizar la oferta residencial y reducir las trabas administrativas que afectan al sector.

Desde el Gobierno regional han defendido la propuesta como una herramienta ambiciosa para moderar los precios del mercado mediante el aumento de la oferta. Por el contrario, los grupos de la oposición han cuestionado la eficacia de la norma, advirtiendo sobre posibles riesgos de privatización y señalando que el texto no garantiza el acceso efectivo a una vivienda digna para los colectivos más vulnerables.

La nueva ley introduce mecanismos como el silencio positivo en informes sectoriales para evitar bloqueos administrativos y permite el uso temporal de parcelas industriales vacantes para alojamiento. Estas medidas buscan desbloquear promociones estancadas y optimizar el uso de suelos públicos disponibles en la región.