La nueva legislación, ratificada por la Asamblea regional, pretende ser un pilar para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, beneficiando tanto a profesionales del sector agrícola y ganadero como a aficionados y amantes de la naturaleza. Introduce la creación de Planes de Control Poblacional para que los ayuntamientos gestionen especies sobreabundantes, como el jabalí o el conejo, previniendo así daños en cultivos.
En cuanto a la pesca, se simplifican las regulaciones de las aguas, que se clasificarán en tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y privadas. La normativa presta especial atención a especies emblemáticas como la trucha en ecosistemas fluviales, y otras relevantes en embalses y tramos bajos de ríos, como la carpa o el lucio.
Actualmente, el 71 por ciento del territorio madrileño, lo que equivale a 572.254 hectáreas, está considerado terreno cinegético, con 45.044 licencias de caza vigentes. En el ámbito de la pesca, se registran 46.414 permisos activos y 34 tramos regulados que suman 347 kilómetros.
La ley impulsa la modernización del sector con la implementación de licencias digitales y procedimientos administrativos electrónicos para simplificar trámites. Se actualiza el régimen sancionador: las infracciones leves se multarán entre 200 y 1.000 euros; las graves, entre 1.000 y 10.000 euros; y las muy graves, entre 10.000 y 80.000 euros.
En materia de seguridad, se amplía la distancia mínima para la práctica cinegética respecto a núcleos poblacionales, pasando de 100 a 150 metros. Además, se establece un tamaño mínimo general para los cotos de caza de 250 hectáreas, aunque para caza menor se podrán autorizar desde 50 hectáreas con justificación técnica.
