La Asamblea de Madrid dio luz verde a esta legislación con el apoyo del PP y Vox, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra. Los promotores de la ley aseguran que "va a aumentar la seguridad jurídica" del sector y que integrará en un único marco legal los aspectos esenciales de la caza y la pesca.
La norma está diseñada para beneficiar tanto a profesionales de la agricultura y ganadería como a aficionados a la caza y la pesca, y a quienes disfrutan del ocio en entornos naturales. Introduce medidas para una mejor gestión de la fauna, como los Planes de Control Poblacional, herramientas dirigidas a los ayuntamientos para manejar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo y prevenir daños en cultivos.
En el ámbito de la pesca, la ley simplifica la regulación de las aguas, que se dividirán en tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y privadas. Se presta especial atención a ejemplares emblemáticos como la trucha en ecosistemas fluviales, y a otros de interés en embalses y tramos bajos de ríos, como la carpa o el lucio.
Actualmente, el 71% de la superficie madrileña, lo que equivale a 572.254 hectáreas, está designada como terreno cinegético, con 45.044 licencias de caza en vigor. En cuanto a la pesca, existen 46.414 permisos activos y 34 tramos regulados que suman 347 kilómetros, gestionados en parte con la colaboración de entidades locales.
La normativa también impulsa la modernización del sector a través de licencias digitales y procedimientos administrativos electrónicos, buscando simplificar trámites y mejorar el seguimiento de la actividad. Se actualiza el régimen sancionador: las infracciones leves se multarán con entre 200 y 1.000 euros; las graves, entre 1.000 y 10.000; y las muy graves, entre 10.000 y 80.000 euros.
En materia de seguridad, la ley aumenta la distancia mínima de práctica cinegética respecto a núcleos de población de 100 a 150 metros, manteniendo otras limitaciones. Además, se establece por primera vez un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, salvo para la caza menor, que podrá autorizarse desde 50 hectáreas con justificación técnica.
