La consejera de Asuntos Sociales, Juventud y Familias de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha manifestado este viernes que la región no dudará en acudir a los tribunales si el Gobierno de Pedro Sánchez persiste en imponer nuevos traslados de menores migrantes no acompañados. Dávila considera que estas reubicaciones son "forzosas e ilegales".
Esta advertencia surge en un contexto de elevada tensión entre ambas administraciones, una situación que se ha visto exacerbada por la ausencia de varias comunidades gobernadas por el Partido Popular en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. La consejera realizó estas declaraciones tras una visita a la Residencia Solimar en Carabanchel.
“"El Gobierno juega con las personas en situación de vulnerabilidad y trata a los menores migrantes como si fueran paquetes."
Dávila ha recordado que la Comunidad de Madrid ya impugnó un real decreto estatal previo sobre esta materia y ha asegurado que volverá a emprender acciones legales si se mantiene una política que, a su juicio, es contraria a la ley y perjudicial para los menores. Ha rechazado el modelo de reubicación propuesto por el Ejecutivo central, reiterando que Madrid se opondrá a cualquier traslado que carezca de un respaldo jurídico adecuado.
En cuanto a la ausencia de la región en la Conferencia Sectorial, Dávila justificó la postura, compartida con otras autonomías del PP, argumentando que la convocatoria era "ilegal" debido a que el orden del día no había sido acordado previamente en la comisión correspondiente, tal como exige la normativa vigente.
La consejera ha descrito la política migratoria del Gobierno como "temeraria" y "absolutamente inhumana", vinculándola directamente con las muertes ocurridas en el mar. Con este argumento, ha insistido en que el Ejecutivo regional utilizará todas las vías posibles para frenar decisiones que considere arbitrarias o fuera del marco legal. Además, Dávila ha denunciado que los menores están siendo trasladados "de forma aleatoria" e incluso "en contra de su voluntad", y ha criticado la exclusión de País Vasco y Cataluña del reparto, a pesar de que algunos menores podrían tener familiares en estas comunidades.
