Madrid agiliza la valoración de discapacidad con más de 500 expedientes tramitados

La Comunidad de Madrid ha procesado 537 expedientes de valoración de discapacidad en las primeras semanas de un convenio con el Colegio de Médicos, buscando reducir tiempos de espera.

Imagen genérica de manos firmando un documento, simbolizando un acuerdo o trámite administrativo.
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Imagen genérica de manos firmando un documento, simbolizando un acuerdo o trámite administrativo.

La Comunidad de Madrid ha tramitado 537 expedientes de valoración del grado de discapacidad en las primeras semanas de un convenio con el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, con el objetivo de mejorar la respuesta administrativa y reducir los tiempos de espera para los ciudadanos.

Este primer balance fue presentado por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales durante una visita al Reshogar Círvite, un centro residencial pionero en España para personas con discapacidad intelectual o en proceso de envejecimiento prematuro, ubicado en el distrito de San Blas-Canillejas. El Gobierno autonómico destina más de medio millón de euros anuales al mantenimiento de las 21 plazas públicas de este dispositivo.

"El compromiso de los 122 médicos adheridos a esta iniciativa demuestra la disposición de los profesionales sanitarios, algo que agradecemos especialmente."

la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
Asimismo, se ha subrayado que el objetivo del Gobierno regional es incrementar hasta un 33% la capacidad de resolución de estos procedimientos. El acuerdo de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Médicos busca reforzar la elaboración de informes clínicos en los procesos de reconocimiento del grado de discapacidad.
Los profesionales inscritos en este programa brindan apoyo a los facultativos de la red pública que atienden solicitudes de valoración en 10 centros base. Mediante este convenio, el Ejecutivo autonómico aspira a alcanzar los 80.000 reconocimientos anuales, incluyendo nuevas solicitudes, renovaciones y revisiones, con la meta de reducir el volumen de expedientes pendientes y disminuir el plazo medio de resolución a un máximo de seis meses. Para esta medida, el Gobierno regional invertirá 2,3 millones de euros al año.