La investigación se inició tras la denuncia que señalaba anomalías en la facturación entre hospitales públicos y aquellos gestionados de forma privada. La base de esta denuncia era una auditoría de 2022 que analizaba las liquidaciones del ejercicio 2018 entre el Hospital de Villalba, de gestión privada, y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
Según el informe, la mayoría de las liquidaciones enviadas por el hospital eran aceptadas, mientras que más de la mitad de las remitidas por el Sermas no obtenían validación para su cobro. El Ministerio Público indicó que estas incidencias podrían estar relacionadas con deficiencias en la cumplimentación de historias clínicas por parte del personal sanitario, un requisito esencial para validar ciertos pagos según el Manual de Facturación Intercentros.
La denuncia también hacía referencia a una información periodística de febrero, que afirmaba que la Comunidad de Madrid había dejado de reclamar más de 71 millones de euros a hospitales de gestión privada desde 2017.
“"La denuncia no concreta actuaciones de gestión que puedan derivar en responsabilidad contable ni aporta pruebas que acrediten un perjuicio económico efectivo para las arcas públicas."
El escrito de la Fiscalía concluye que las acusaciones extrapolan las conclusiones de una auditoría específica, referida a un único hospital y a un ejercicio determinado, al conjunto del modelo de hospitales de gestión privatizada. Considera que esto busca impulsar una fiscalización general que excede las competencias de la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas.
